Reserva de canales en la televisión de pago

 

El gobierno ha aprobado el ordenamiento 227, que condiciona a la grilla de los canales de televisión de pago a incluir en los primeros 15 lugares de la grilla a los canales abiertos y señales de noticias, creando una categoría de canales y señales nacionales. Gabriel Marotto, presidente de Comfer es el responasble de dicha resolución. Entre los canales 2 y 15, las empresas de cable deberán incluir a los canales de TV abierta de su zona de influencia, a las señales de noticias nacionales (América 24, Canal 26, Crónica TV, C5N y TN), a Canal 7 y al educativo “Encuentro”. Esta nueva norma suplanta el polémico planteado por Comfer hace un mes velando por la situación de los canales de televisión abierta del interior del país.

Se trata de otro auténtico avasallamiento del federalismo y de falta de respeto a las identidades locales, y se advierte un nulo respeto por la libertad de empresa y por la libertad de prensa. Lamentablemente, el pensamiento que anima estas resoluciones es propio de una mentalidad fascistoide que pretende que el Gobierno es el único intérprete del ser argentino y puede adueñarse de una comunidad informativa que, es obvio, de ningún modo le pertenece.

Así lo denunció un periodista de La Nación en el Editorial “Comfer, contra la libre expresión“. En definitiva, como Enciclomedios ha afirmado: “Más allá de las motivaciones del gobierno, lo concreto es que ambas posturas esconden diferentes negocios empresariales.

Ataques a los medios extranjeros

La reestatización de Aerolíneas Argentinas y la consiguiente furia oficial hacia los capitales extranjeros, que se vio reflejados en declaraciones de muchos funcionarios y aliados del gobierno, como Hugo Moyano o Ricardo Jaime, despiertan en el exterior mucha incertidumbre sobre lo que realmente piensa el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, si está abierto al mundo como pregonan el Jefe de Gabinete o el Ministro de Economía, o si es reacio hacia los capitales del exterior, como lo han hecho Moyano o Jaime.

Así lo ha declarado hoy un diario digital. Uno de los más destacados casos de este comportamiento nace de la lucha del gobierno contra Clarín, en la que se apeló a la Ley de Bienes Culturales para protegerse de los ataques mediáticos. Aprovechando la coyuntura, instauró un límite para la prevista llegada del mexicano Carlos Slim al mercado de la TV por cable: la ley impide que más del 30% del capital que integra los medios locales sea propiedad de extranjeros.

También los medios extranjeros se aquejan de esta situación. El País escribió una nota hace unos meses que decía así:

“ El gobierno argentino busca controlar el kiosko con el relanzamiento de un Observatorio de Discriminación en los Medios, una iniciativa que ha disparado las alarmas en el mundo periodístico argentino que ayer (…) denunció que la Presidenta quiere controlar el periodismo para adocenarlo”, dice la nota de El País, titulada “La popularidad de la presidenta argentina se hunde en tres meses”.

La situación va acumulando nuevas medidas que atentan contra la libertad de expresión minando un multiperspectivismo. Los inversores españoles se están viendo perjudicados por estas actuaciones y están a la expectativa sobre el límite que puede soportar la inversión extranjera en el mercado.

Defensa e intrusismo

 

Ante la masiva colonización de los medios, el Gobierno encabeza múltiples medidas para frenar a los grupos extranjeros que buscan su nicho en Argentina. Además de un anúcleo de medidas legislativas contrarias a la instalación de medios ajenos al país, como la que ha obligado al grupo Prisa a cerrar Radio Continental, el gobierno ha impulsado una defensa profunda de la identidad nacional a través de los medios propios.

Así lo anunciaba hoy Tristán Bauer, el nuevo presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP), en una entrevista concedida a un periodista de La Nación: “Canal 7 debe mostrar nuestra cultura”. El SNMP regula la actuación de Canal 7 y Radio Nacional, que tienen un carácter puramente de servicio público. Con la excusa de formar un medio de información de calidad, los medios públicos se prevee que ocupen el espacio vacío que dejan otros medios extranjeros como Radio Continental y posibles futuros cierres.

El Comfer y la libertad de expresión

En una lucha entre Comfer y grupos mediáticos por la demostración de quién tiene más poder, Gabriel Mariotto, repersentante del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), declaró al diario La Nación que:

“Es muy difícil enfrentarse con los poderosos. Pero este Comfer es otro desde mi gestión. El Grupo Prisa saca chapa de perseguido, pero lo que está haciendo con la programación de Radio Continental, que también sale por la FM 104.3, infringe la ley. Y si no cumple con la resolución, iremos a la Justicia.“

El debate se extiende a la libertad de expresión, especialmente cuestionada al tratarse de un medio extranjero. Algunos periodistas sugieren que esta censura es una forma de control de la información que tiende a imitar la del régimen cubano, impidiendo la multiplicidad de visiones y la expansión de ideas multiculturales.

En una entrevista de Susana Reinoso a Mariotto pubicada esta mañana en La Nación, la periodista preguntó en qué medida la resolución afecta a la libertad de empresa, a lo cual respondió:

“La libertad de empresa no es mi rubro y no me importa, en este caso me ocupo de la libertad de expresión, y ésta no está afectada por la medida. Las empresas de medios están acostumbradas a hacer lo que quieren porque tienen el dinero y el poder.“

Asimismo, la entrevista apunta a la preocupación por el mercado publicitario, afectado por la restricción, y cuestiona la posiblidad de habilitar más licenciatarios. El interventor de Comfer resolvió que: “Si no hay mercado tendrán que redefinir sus beneficios. La comunicación es un servicio, no un negocio“.

La suspensión de Radio Continental

Con la nueva medida del Gobierno para clausurar la actividad de la FM 104.3 de Radio Continental se ha abierto de nuevo el debate sobre la libertad de expresión que existe con el gobierno Kirchner. El tema fue polémico ante la disputa entre el Gobierno y Clarín, y vuelve a serlo de nuevo con el caso de Radio Continental, más aún al tratarse de un grupo mediático extranjero el propietario de la empresa.

Aclaraciones legales:

El organismo fundamenta su decisión en el derogado artículo 68 de la Ley de Radiodifusión, que basado en la “Doctrina de Seguridad Nacional”, prohibía la conformación de “Redes Privadas Permanentes” de cadenas de radio y televisión.

“Lo sorprendente de la resolución del organismo es que desconoce que esta situación cambió a partir del DNU 1005/99 que modificó la redacción del artículo 68 y reconoció expresamente el derecho de los radiodifusores a constituir redes privadas permanentes. Dicha modificación fue refrendada en 2003 por el Congreso Nacional”, señala en un comunicado realizado por la compañía.

En el mismo denuncian que “el trámite fue realizado a una velocidad sorprendente para los estándares y procedimientos del organismo: la resolución fue firmada el 12 de agosto por el Lic. Juan Gabriel Mariotto, en cuanto Interventor del COMFER y comunicada ese mismo día a radio Continental”.

Si fuera realmente efectiva, la prohibición perjudicaría también a importantes radios de otras 20 ciudades del país (entre ellas Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán). “En ningún caso anterior el COMFER ha autorizado, rechazado o emitido opinión alguna respecto de estas redes que operan, en algunas ciudades, desde hace mas de 10 años”, explicaron desde Continental.

La polémica

“Me parece tan poco inteligente que un gobierno democrático no defienda un derecho fundamental como el de la libertad de prensa. Atención con la libertad de prensa, con los derechos del ciudadano y atención a la actitud de un organismo oficial al que le molesta la libertad de expresión con la cual se pueden criticar las acciones de gobierno”, declaró esta mañana Magdalena Ruiz Guiñazú, presentadora de uno de los principales programas de la emisora.

Por su parte, Morales, tildó la decisión del Gobierno de “discriminatoria” y afirmó que: “Si estuvieran actuando contra todas las emisoras y con argumentos sólidos otra sería la historia. Este es un procedimiento absurdo, tonto e insultante a la inteligencia de miles de oyentes. Lo que indigna es la obviedad”.

Comfer ataca a Radio Continental

La Radio dirigida por el grupo español Prisa se ha visto afectada ante la decisión del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) de levantar la programación que la cadena emite por FM 104.3 (de la productora Cuatro Cabezas). “La medida es sospechosa y discriminatoria. Encierra una clara muestra de persecución, no sólo hacia un medio sino también hacia periodistas que ejercen una línea crítica”, advirtió la diputada Silvana Giudici (UCR-Capital), titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. Varios legislaros coinciden al analizar la medida en que se trata de “una muestra de persecución” a los medios críticos.

En el núcleo de la polémica se haya la acusación al Gobierno de demorar el debate de una nueva ley de radiodifusión, que levanta grandes tensiones por su indefinición. Según señaló el jefe del bloque de Pro en Diputados, Federico Pinedo:

“No se pueden poner limitaciones al contenido de la información que transmiten los medios, con la única excepción de contenidos contrarios a los derechos humanos o los contenidos dañinos para menores de edad”.

No se autoriza ningún contenido de la cadena, cuya audiencia diaria media es de 100.000 radioyentes y que tiene gran repercusión mediática.

Contexto: (Fuente: La Nación)

Radio Continental fue uno de los blancos elegidos por Néstor Kirchner el 17 de junio último cuando dio una heterodoxa conferencia de prensa, la primera en cinco años.

Rodeado por su círculo de incondicionales, que aplaudieron cada una de sus frases y festejaron todos sus chistes, el ex presidente aceptó responder preguntas. Cuando llegó el turno del cronista de Continental fue tajante y, no sin ironía, deslizó: “Ah, del Grupo Prisa… Yo sé qué te mandan a preguntar”.

Ley de Bienes Culturales

Más conocida como “Ley Clarín” por la pasada polémica de este gigante mediático con el gobierno kirchnerita, la Ley de Bienes Culturales ha impedido la formación de nuevas fusiones y conglomerados mediáticos en este último año. La ley fue aprobada a comienzos del desembarco de Néstor Kirchner en el poder.

El Comité Federal de Radiodifusión ha impulsó borrador para el proyecto de ley que pretende regular el mercado de medios audiovisuales para configurar un nuevo mapa de medios a la medida del gobierno. Así lo interpreta el diario Crítica Digital:

La iniciativa que evalúa el Ejecutivo supone un guiño al holding entre CableVisión y Multicanal, ya que instaura un freno al anunciado desembarco del magnate mexicano Carlos Slim en el mercado de la TV por cable: el proyecto impide que más del 30% del capital que integra los medios locales sea propiedad de extranjeros.

No es el único logro que el gobierno consiguió con el consenso de esta nueva ley. Estratégicamente el gobierno autorizó la anulación de la fusión entre CableVisión y Multicanal –las dos proveedoras de servicio de TV cable que pertenecen a Clarín–. Se trata de “la guerra contra el monopolio” que el gobierno ha encargado al presidente de Comfer, Gabriel Mariotto, responsable de redactar el proyecto de ley.

El punto más álgido de la discusión entorno al cambio en la Ley de Radiodifusión gira entorno a la supuesta obligación de Multicanal a desprenderse de los activos de Cablevisión, una polémica fusión que autorizó Néstor Kichner tres días antes de dejar el poder, en diciembre pasado. Este Grupo concentra cerca del 80% de los abonados del país.

Si bien, en un marco más amplio de discusión sobre la Ley de Bienes Culturales, la defensa de la identidad nacional es el rasgo más característico de la apuesta por un avance en la defensa de la nacionalización de los grupos de medios. Así lo advierte el diario Clarín:

La norma declara bajo resguardo del patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural (…) el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación. En protección de estos últimos fija un tope del 30 por ciento al capital accionario extranjero. Sobre las entidades que agrupan a los medios de comunicación pesa el riesgo de la desnacionalización en caso de quiebra.