Ley de Bienes Culturales

Más conocida como “Ley Clarín” por la pasada polémica de este gigante mediático con el gobierno kirchnerita, la Ley de Bienes Culturales ha impedido la formación de nuevas fusiones y conglomerados mediáticos en este último año. La ley fue aprobada a comienzos del desembarco de Néstor Kirchner en el poder.

El Comité Federal de Radiodifusión ha impulsó borrador para el proyecto de ley que pretende regular el mercado de medios audiovisuales para configurar un nuevo mapa de medios a la medida del gobierno. Así lo interpreta el diario Crítica Digital:

La iniciativa que evalúa el Ejecutivo supone un guiño al holding entre CableVisión y Multicanal, ya que instaura un freno al anunciado desembarco del magnate mexicano Carlos Slim en el mercado de la TV por cable: el proyecto impide que más del 30% del capital que integra los medios locales sea propiedad de extranjeros.

No es el único logro que el gobierno consiguió con el consenso de esta nueva ley. Estratégicamente el gobierno autorizó la anulación de la fusión entre CableVisión y Multicanal –las dos proveedoras de servicio de TV cable que pertenecen a Clarín–. Se trata de “la guerra contra el monopolio” que el gobierno ha encargado al presidente de Comfer, Gabriel Mariotto, responsable de redactar el proyecto de ley.

El punto más álgido de la discusión entorno al cambio en la Ley de Radiodifusión gira entorno a la supuesta obligación de Multicanal a desprenderse de los activos de Cablevisión, una polémica fusión que autorizó Néstor Kichner tres días antes de dejar el poder, en diciembre pasado. Este Grupo concentra cerca del 80% de los abonados del país.

Si bien, en un marco más amplio de discusión sobre la Ley de Bienes Culturales, la defensa de la identidad nacional es el rasgo más característico de la apuesta por un avance en la defensa de la nacionalización de los grupos de medios. Así lo advierte el diario Clarín:

La norma declara bajo resguardo del patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural (…) el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación. En protección de estos últimos fija un tope del 30 por ciento al capital accionario extranjero. Sobre las entidades que agrupan a los medios de comunicación pesa el riesgo de la desnacionalización en caso de quiebra.